Posteado por: nelsonlombana | septiembre 21, 2010

Sobrevivientes UP del Tolima estudian alcances proyecto de ley sobre restitución de tierras

Sobrevivientes UP

Por Nelson Lombana Silva

A iniciativa de la corporación REINICIAR, el pasado viernes 17 de septiembre en la ciudad de Ibagué, Tolima, se llevó a cabo taller sobre el proyecto de ley del gobierno Santos, “por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, haciendo parte por lo menos 60 sobrevivientes de la Unión Patriótica de esta sección del país.

El taller fue orientado por el abogado, Jorge Enrique Gómez Lizarazo, quien al término del evento fijó su posición sobre la naturaleza y esencia de este esperpento jurídico, relacionándolo con otras normas constitucionales que se han convertido en frustración para el pueblo e impunidad  rampante como la “ley de justicia y paz”.  Según el abogado, el proyecto tiene serias limitaciones, fallas garrafales, que los desplazados deben develar y denunciar con la participación activa de la bancada del Polo Democrático Alternativo y la movilización callejera. Se propone, por ejemplo, devolver las tierras a aquellas víctimas de los grupos ilegales, quedando por fuera las víctimas del terrorismo de Estado, que para muchos, es la inmensa mayoría.

La entrevista completa con el jurista es la siguiente:

Doctor Gómez Lizarazo: ¿Cuál es la naturaleza y alcances reales del proyecto de ley por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras del presidente Juan Manuel Santos Calderón?

Bueno, ha habido varias iniciativas con ese propósito. Importante mencionar la ley de “justicia y paz”, la 975 de 2005, que estableció un mecanismo y unas instituciones con el objetivo de restituir los bienes a la población desplazada. Se organizó la comisión nacional de reparación y reconciliación y las comisiones regionales de restitución de tierras, pero ahora esta nueva iniciativa de ley nada habla en relación a esta institucionalidad, no se sabe si fracasó, si se va a acabar o si va a seguir teniendo vigencia.

Sin embargo, una de las críticas que hay que hacerle, tanto a la ley 975 como a este proyecto de ley, es que únicamente incluye a los desplazados producto de la violencia generalizada de los grupos ilegales armados al margen de la ley; excluye como lo hizo la ley de “justicia y paz” a las víctimas del Estado. Muchos de los desplazados lo hicieron por operativos militares indiscriminados, por bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones, toma por parte del ejército de zonas pobladas por la población civil y miles de infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitaria, DIH, entonces los excluye gran parte de estas víctimas de desplazamiento, del despojo violento, ellas quedan excluidos de este proyecto.

Otro aspecto que me parece hay que criticar es que las organizaciones de los desplazados y los desplazados están en esta institucionalidad. Se crea una unidad especial administrativa de restitución de tierras, y si ahí uno mira no está el desplazado y eso es grave porque una de las características de la constitución de 1991 es la participación y necesariamente aquí de un tajo acaba con ese derecho a la participación, especialmente de proyectos que los favorece o los afecta. Aquí debería participar la población desplazada.

De otra parte, que se crea una jurisdicción o más bien, más funciones para las “Salas Agrarias” de los distritos judiciales y además del trabajo que tienen, tienen mucho trabajo, porque tienen que atender todos los reclamos agrarios. Esto se les pone esta tarea, tarea que deben cumplir en cuatro meses. Yo creo que va a pasar lo mismo que la ley de “justicia y paz” que estableció 90 días para dictar sentencia en contra de los postulados a esta ley y han pasado cinco años y solamente se ha dictado una sola sentencia.

En esas condiciones, nosotros estamos haciendo un trabajo para que la población desplazada conozca la ley, especialmente la población campesina que abandonó tierras conozca este proyecto de ley y de cierta manera tener incidencia, que puedan hacer propuestas, que puedan de cierta manera decirle a los parlamentarios cuáles son los defectos de este proyecto de ley y qué propone ellos para que esta ley sea ciertamente eficaz y que sea rápida. En todo caso, hemos analizado como usted se dio cuenta con la población desplazada y hay muchas críticas en relación a la ley. Las presunciones de que habla la norma, por ejemplo, primero de que estas zonas que van a ser declaradas por el gobierno de violencia generalizada y eso de cierta manera que sea el gobierno que haga eso va a tener una parcialización, muchos de los desplazados han opinado que por qué no les dan eso a la Defensoría del Pueblo que maneja el sistema de alertas tempranas.

Otra cosa que se critica, es que quien vaya a tener la representación de los desplazados sea esta unidad especial administrativa de restitución de tierras, porque primero su composición es eminentemente gubernamental y segundo esta representación la debería tener la Defensoría del Pueblo, la defensa pública de la Defensoría del Pueblo, quien es la que representa a las víctimas en la ley de “justicia y paz”, permitir que exija realmente una unidad especial de Defensores que asuman esta función y no esta unidad administrativa que tiene un contenido político bastante fuerte.

Hay otras cosas. Por ejemplo, el tema de los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores. Aquí no hay unas definiciones de estos temas y son temas eminentemente jurídicos que tienen que ver con el derecho agrario y sería importante que ellos conocieran qué es la tenencia, qué es la posesión, qué es la ocupación, ¿Por qué? Porque cada uno de los desplazados tiene que saber qué derechos tienen frente a la tierra de la cual fue despojada. Ellos tienen que acudir a la unidad esta especial para registrar allí su propiedad. Y eso va a depender, primero de un registro de catastro. Si no está registrado en catastro va a ser muy difícil, especialmente en zonas donde el tema del catastro es nulo. Hay tierras abandonadas donde el Estado lo único que conoce, como dicen ellos mismos, son los operativos militares, pero el Estado no conocen qué es un catastro, no conocen que es una escuela, no conocen que es un centro de salud. Allí, vamos a tener serias dificultades porque no vamos tener una matrícula catastral y menos una georreferenciación, ni unos planos de esos predios. Hay algunas dificultades que de cierta manera impiden la aplicación de este decreto. Este proyecto de restitución de tierras hay que discutirlo con la población desplazada para saber de qué manera se superan esas dificultades y esos escollos del proyecto de ley.

Otra debilidad de la iniciativa tiene que ver con la disponibilidad presupuestal. Todos los días dice el gobierno no hay dinero. Y algunos entendidos señalan que el proyecto podría costar más de 47.000 millones de pesos. Otra: El gobierno se reserva el derecho de fijar la zona. ¿No cree usted que estamos ante una burla más, tal como la ley de “justicia y paz”?

Sí, uno de los problemas que tuvimos con el proyecto de ley de víctimas en el tiempo de Uribe, fue precisamente el tema presupuestal. Fue uno de los obstáculos que puso el gobierno y el otro tema que dificultó la aprobación de la ley de víctimas, fueron los víctimas de Estado. Aquí, querían sacar como en este proyecto, como en el decreto 1290, reparación administrativa individual, a las víctimas de los agentes del Estado y de cierta manera si no se habla de un presupuesto serio, eso va a ser uno de los escollos, porque aprobar una ley que va a valer mucha plata, pero que no haya el presupuesto necesario. Creo que la principal fuente para la aplicación de este proyecto o ley si se aprueba, va a ser el presupuestal, porque va a valer muchos billones de pesos y no se sabe de dónde se van a sacar.

Otro tema es el relacionado con la seguridad: Aunque el proyecto de ley no habla del retorno necesariamente para favorecer esa posesión que van a recuperar los despojados violentos, van a tener que retornar a su predio. Aquí no se ha hablado de seguridad, ni mucho menos de estabilización económica para garantizar que ese retorno sea en condiciones dignas. Son cosas que quedaron en el tintero y que necesariamente hay que discutir en todo este debate que se va abrir en el congreso para la aprobación de la ley.

Eso es lo que estamos haciendo, que los desplazados tengan incidencia, que conozcan el proyecto, que conozcan también el proyecto de ley de víctimas y que puedan incidir y hacer propuestas muy concretas frente a esto.

Otro adefesio de este proyecto, es que la víctima es pasiva, mientras que el principal victimario (El Estado) es activo, hace todo. ¿No le parece, doctor?

Sí, efectivamente, el Estado es el que lleva la iniciativa y eso, ya lo dije, es uno de los defectos de esto. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar en los debates que se tienen que dar en el congreso de la república, qué pueden aportar las organizaciones, especialmente las organizaciones de desplazados.

Ibagué, septiembre 20 de 2010

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Responses

  1. Respecto a las categóricas afirmaciones realizadas por el Doctor Gómez Lizarazo dentro de la entrevista transcrita, me parece ineludible precisar algunos aspectos jurídicos y sociológicos, principalmente sobre las leyes que han propugnado por la atención, protección y reparación de víctimas de la violencia durante los últimos años.

    Inicialmente, me parece que la ley 975 de 2005, denominada “de justicia y paz”, no puede ser analizada aisladamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del posterior Decreto 1290 de 2008 y del fallo proferido contra alias “Diego Vecino” y alias “Juancho Dique”. Es una visión muy obtusa y desinformada sostener que en Colombia no se reconoce desplazamiento forzado por hechos diferentes a la violencia sistemática o generalizada. Por ejemplo en el caso de las comunidades de la Macarena, la propia Corte Constitucional reconoció que el accionar de los miembros de la fuerza pública en el ejercicio legítimo de sus facultades constitucionales, puede generar una situación de temor que origine el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo enfrentamientos con los grupos armados organizados al margen de la ley.

    Debe tenerse claro, que resulta casi axiomático que la condición de víctima del delito de desplazamiento forzado es un situación de hecho o de facto, que no depende del reconocimiento que autoridad alguna realice sobre la misma, es decir, la inscripción en un Registro no es un acto constitutivo de la condición, obedece simplemente a la implementación de una herramienta técnica, cuya única finalidad es focalizar y hacer más eficiente la inversión de recursos.

    Ahora bien, es cierto que la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 no reconocen víctimas atribuibles a los Agentes del Estado, existe una circunscripción exclusiva a los grupos armados organizados al margen de la ley, sin embargo, ello se justifica en tanto los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas se estructuren sobre el principio de solidaridad estatal y no sobre la omisión del deber de garantía…

    Continuará. Luego haré nuevas precisiones


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