Posteado por: nelsonlombana | marzo 10, 2011

Comisión internacional derechos humanos hace presencia en el Tolima

 

En foto aparece una de la delegada internacional, se trata de Leire Lasa Fernández. Foto (nelosi)

Por Nelson Lombana Silva. Prensa PCC

Durante dos días permaneció en el departamento del Tolima una comisión internacional de derechos humanos, recopilando denuncias presentadas directamente por las víctimas del conflicto social y armado que vive el país. El primer día, (marzo 7) estuvo en la ciudad de Ibagué y el segundo, en el municipio de Chaparral, corregimiento de La Marina.

Esta comisión española estuvo integrada por cinco personas, una de ella, de nacionalidad colombiana quien se vio precisada a salir por amenazas contra su vida. Se trata de Inés Ibáñez de Maeztu, directora derechos humanos del gobierno Vasco; Marcos Cienfuegos Marques, director general de cooperación al desarrollo del gobierno de Asturias; Javier Arjona Muñoz, miembro de Sol de Paz Pachakuti y Leire Lasa Fernández, delegada de la comisión española de ayuda de refugiados, CEAR.

La delegación internacional fue acompañada por organismos defensores de derechos humanos del orden regional y nacional, lo mismo que organizaciones sindicales y populares. Entre otros: Reiniciar, Simatol, Asodemuc, CUT, comisión de derechos humanos y solidaridad del partido comunista del Tolima, miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Astracatol.

Durante más de tres horas campesinos venidos de municipios del sur del Tolima, narraron ante los defensores de derechos humanos los horrores que viene cometiendo los militares en el marco del desarrollo del plan consolidación y la mal llamada “seguridad ciudadana” del gobierno nacional.

Asistieron delegaciones de Planadas, Rioblanco, Dolores y Chaparral, a La Marina. El evento se desarrolló en el salón comunal, el cual había sido tomado por los militares como base, siendo hostigado por la insurgencia el tres de marzo hacia las once y media de la noche, presentándose como saldo trágico cuatro soldados dados de baja, cuatro heridos y un civil más.

El revés militar presentado allí, lo viene pagando la comunidad. Cinco casas fueron destechadas y las cuerdas de electricidad dañadas, con la presencia de los helicópteros militares. Un sector de La Marina aún está sin fluido eléctrico. Adicionalmente, la zozobra permanente de la comunidad por las consecuencias adicionales que esto pueda generar en lo sucesivo. La comundad teme represalias de los militares.

Asombrados: Denuncias parecen ciencia ficción

Los líderes de derechos humanos del orden nacional e internacional se declararon asombrados de las valientes denuncias de los campesinos y calificaron el hecho como una pesadilla o relatos pertenecientes a ciencia ficción. “Realmente, asombroso”, dijo Inés Ibáñez de Maeztu. Agregó: “Quien sufre realmente es la población civil. Las fuerzas militares instaladas en el centro de la población civil es una barbaridad. Con estas conductas que observamos aquí (La Marina), sin ninguna duda estamos hablando de negación de los derechos humanos”.

Leire Lasa Fernández, subrayó: “Lo que hacemos es verificar esas violaciones atroces  de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, DIH, la responsabilidad del Estado colombiano en esas violaciones y la responsabilidad de la comunidad internacional, entre ella, el Estado español de legitimar un gobierno como el colombiano que está generando tantas atrocidades  a la población civil”.

Marcos Cienfuegos Marques, señaló: “Interesantísima jornada de trabajo que hemos desarrollado en el corregimiento de La Marina, donde hemos podido comprobar otros escenarios del conflicto social, armado y político que se viene dando en Colombia desde hace 50 años y que todos conocemos”.

Agregó: “Se puede sacar conclusiones interesantes e importantes de cara a elaborar un informe, que es el objetivo que marcamos desde la delegación asturiana que visitamos a Colombia por séptimo año para verificar en el sitio la situación de los derechos humanos en los distintos departamentos”.

“Una de las conclusiones vale la línea  de algo que es realmente preocupante, porque sin lugar a dudas los grandes perjudicados de este conflicto social y armado, desgraciadamente es la población civil. Y concretamente en el corregimiento donde estamos ahora, es la población campesina la que está sufriendo las secuelas y las consecuencias de los distintos actores  que vienen operando en el conflicto colombiano”.

“Una de las recomendaciones que se podría extraer de estas dos jornadas de trabajo en Tolima, es animar al Estado colombiano a que de un pasito más al frente, en el sentido de que las voluntades  y las buenas palabras, la haga acompañar con hechos”, subrayó.

Por su parte, Javier Arjona Muñoz, dijo sobre el particular: “Se trata de elaborar un informe con base en los testimonios que estamos recibiendo, muy numerosos, que trasladaremos a instancias de las naciones unidas, del parlamento europeo, del parlamento español, del parlamento Vasco, el parlamento asturiano, con la intención de que quede constancia de la situación de la vulneración de derechos humanos y tratando de ayudar a superarlo”.

Sobre los diversos testimonios rendidos por los campesinos, dijo: “En el caso concreto de esta zona de Tolima, lo que estamos viendo son maravillas naturales y riqueza que parece ser la causa del conflicto, riqueza que no se explica suficientemente es la agricultura campesina que ellos practican allí”.

“Una frase que nos dijo un viejo revolucionario peruano, Hugo Blanco. Decía: Nosotros siendo viejitos aspiramos a que la revolución la vean nuestros nietos. Con el tema del cambio climático decía: Hay que darse prisa porque no va a quedar planeta para nuestros hijos. En el cambio climático parece que la agricultura industrial tiene que ver, según dicen los científicos en la emisión de gases, mientras que la agricultura campesina demuestra todo lo contrario, enfría al planeta, lo que debería hacer todo el mundo, el gobierno colombiano: favorecer la agricultura campesina en Tolima y todo el resto del país, frente a la agricultura industrial que destruye el suelo, vuelve a concentrar la propiedad de la tierra en muy pocas manos, y por lo tanto, volver a entrar a la raíz del conflicto colombiano”.

“El agua desaparecería al ser convertida en energía, lo cual contraría, la propuesta del presidente de Evo Morales de Bolivia de convertir el agua en un derecho”. En torno al conflicto social y armado que torpemente niega el gobierno nacional, dijo: “Lo que estamos escuchando (testimonios campesinos) nos señala lo contrario, que efectivamente sí existe y no de ayer, de mucho tiempo, negarlo es un mecanismo de diversión, que puede convertir una parte de la oligarquía, pero a la mayoría no. En el exterior eso no se puede vender, no tiene razón de ser, se puede intentar presentar como que no está pasando nada para la inversión extranjera. Internacionalmente se sabe que aquí está pasando algo muy grave y que debería acabarse pero para que se acabe hay que acabar primero las causas que la generaron”.

El compañero Alberto Vanegas Zuluaga, miembro del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó: “Creo que el país desconoce la realidad del conflicto en muchas regiones rurales de los municipios del país. Me parece que esta visita de la delegación asturiana demuestra la importancia del acompañamiento que debemos ampliar las organizaciones de derechos humanos con muchas comunidades que han venido sufriendo los efectos del plan Colombia, de la guerra que se vive en la zona rural y que en la ciudad desconocemos”.

Agregó: “Que estos bombardeos indiscriminados, fumigaciones, negarle el transporte de los alimentos, la vinculación de la población al conflicto, especialmente los niños, las mujeres y los jóvenes, es muy preocupante. Hechos como que un salón comunal sea utilizado como espacio para ser ocupado por las fuerzas militares en proceso de ocupar las regiones agrarias, viola el derecho internacional humanitario”.

 

Delegado internacional Javier Arjona Muñoz y el periodista Nelson Lombana Silva

“Nosotros como organización sindical rechazamos y planteamos que en Colombia debe aplicarse el Derecho Internacional Humanitario, que se debe buscar una salida negociada, una solución política al conflicto y nuestra responsabilidad como organización sindical, no solamente reclamar por nuestras víctimas, sino hacer permanente acompañamiento como lo estamos haciendo hoy en el corregimiento La Marina, municipio de Chaparral, Tolima”.

NL/Prensa PCC

Ibagué, marzo 9 de 2010

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