Posteado por: nelsonlombana | abril 11, 2013

Comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia presenta informe en Ibagué

Comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia presenta informe en Ibagué. Doctor Todd Howland. Foto nelosi.

Comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia presenta informe en Ibagué. Doctor Todd Howland. Foto nelosi.

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, abril 11 de 2013) Todd Howland, alto comisionado de las Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, en Colombia presentó el informe anual correspondiente al año 2.012, ayer en el centro de convenciones “Alfonso López Pumarejo” de la ciudad de Ibagué, sin la presencia del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón y el alcalde de la ciudad de Ibagué, Luis H. Rodríguez.

El informe esta dividido en tres partes: La primera es un contexto generalizado del tema de los Derechos Humanos en Colombia en la era del presidente Juan Manuel Santos Calderón; la segunda, es la situación en concreto de los Derechos Humanos, en el cual se hace énfasis en tres aspectos: a. Motivos de esperanza; b. Problemas que requieren cuidado y especial atención; c. Problemas que requieren atención urgente. La tercera, son unas serie de recomendaciones.

Lo bueno y lo malo del informe

El informe destaca como hecho positivo los diálogos que se vienen desarrollando en la Habana (Cuba) entre la insurgencia de las FARC – EP y el gobierno Santos. “Se observa importantes signos positivos, como el inicio oficial en octubre del diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, señala el informe.

Lo malo tiene que ver con la constante violación de los Derechos Humanos por parte del Estado en cabeza de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia, la presencia de las multinacionales y transnacionales, las cuales aceleran el desplazamiento, lo mismo que las fuerzas oscuras del paramilitarismo bautizadas ahora con otros nombres más condescendientes como las Bacrim, por ejemplo.

“Continuaron las agresiones y amenazas contra los Defensores de los Derechos Humanos y contra quienes participan en el programa de restitución de tierras. La mayoría de estas violaciones pueden atribuirse a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares”, agrega el informe.

En el marco del agudo conflicto social y armado que padece Colombia hace más de 50 años, se cometen graves violaciones de los Derechos Humanos, afectando en grado sumo a la población y a los líderes comunitarios y de izquierda que hacen oposición al régimen capitalista y al gobierno Santos.

Sobre el particular dice el informe: “La lista de violaciones es larga: asesinatos, desapariciones, torturas y otros malos tratos, uso de minas terrestres, desplazamiento forzado, violencia y explotaciones sexuales, estigmatización, amenazas e intimidación, reclutamiento y utilización de niños, restricciones a la libertad de movimiento y circulación de alimentos y medicinas, conculcación de los derechos a la educación, la salud, la libertad de reunión y de opinión, persecución del personal médico, limitaciones en el acceso humanitario y uso ilegal de la infraestructura civil”.

Testimonios a manera de ejemplo

El informe argumenta las violaciones de los Derechos Humanos con testimonios concretos y dicientes. Presentamos algunos casos.

– Según la unidad de atención y reparación integral de las víctimas, de las 5.744.230 víctimas, 4.699.276 fueron objeto de desplazamiento forzado.

– En el norte del Cauca, entre julio y noviembre, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó 27 homicidios selectivos de miembros y autoridades de las comunidades indígenas.

– Los líderes indígenas siguen siendo objeto de acusaciones de pertenecer a grupos guerrilleros, así como la estigmatización y detenciones arbitrarias. Los funcionarios judiciales a veces son presionados por los militares para que procesen a los defensores y dirigentes.

– En Colombia sigue existiendo obstáculos graves al derecho a la libertad de expresión y de opinión. Hasta el mes de septiembre, la fundación para la prensa, FLIP, había registrado 66 amenazas contra periodistas. En noviembre murió un periodista en Sucre, quien fue brutalmente golpeado por agentes de la policía.

– Entre enero y septiembre, fueron asesinados 37 defensores de Derechos Humanos, en su mayoría activistas y líderes del sector rural.

– El 7 de octubre, miembros del ejército entraron en el centro de una aldea en Patía, Cauca, y abrieron fuego contra una tienda, causando la muerte a una niña de 13 años, a tres presuntos guerrilleros e hiriendo a dos civiles, desconociendo el DIH.

– El 5 de abril, en Tambo, Cauca, un miembro del ejército abrió fuego contra un autobús, causando la muerte a dos civiles e hiriendo a ocho más.

– El 14 de agosto en Bogotá, una niña Embera Chamí fue víctima de abusos sexuales por cuatro miembros del ejército nacional. El 5 de julio, en Chaparral, Tolima, una mujer denunció haber sido violada en repetidas ocasiones y amenazada por miembros del ejército nacional.

– El 15 de febrero, un niño de la calle murió a causa de las quemaduras sufridas cuando la policía impregnó con gasolina su colchón y le prendió fuego.

– El primero de abril en Arauca, un hombre desarmado fue asesinado a tiros por la policía tras haber dado marcha atrás a su automóvil y chocado accidentalmente contra sus motocicletas.

– Preocupa a la Alta comisionada que unos 5 mil ex empleados del DAS hayan sido trasladados a otros departamentos gubernamentales sin haber sido objeto de ningún proceso de depuración.

– La oficina en Colombia registró casos de discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, edad, orientación sexual y discapacidad.

– El 2 de marzo, en entrevista, miembro de alto rango de la Marina hizo en repetidas ocasiones comentarios discriminatorios con respecto a las lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero (LGTB), declarando que no eran bienvenidos en la institución.

– El hacinamiento carcelario en Colombia es aberrante. Se presenta en más del 50 por ciento de la capacidad de los centros reclusorios.

– De los 75.345 desaparecidos hasta el 30 de septiembre de 2012, 18.527 se ajustan a la definición nacional de desaparición forzada. El gobierno señaló que durante este año, se presentaron 5.965 desapariciones, de los cuales 113 son casos de desapariciones forzadas.

– La fiscalía general ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a 4.716 víctimas de homicidio presuntamente cometidos por la fuerza pública bajo la figura de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Solo hay procesos activos en solo un 30 por ciento.

– La reforma constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares vulnera la separación básica entre los poderes necesarios para la independencia del poder judicial. Once relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas, señalaron que esta reforma “podría socavar gravemente la administración de justicia”.

Son algunas perlas del informe presentado por el doctor Todd Howland y que coloca en evidencia la grave situación de los Derechos Humanos en Colombia, bajo el sistema capitalista y el gobierno Santos de la denominada “prosperidad democrática”. Una reflexión que nos debe llevar a buscar la unidad, la paz con justicia social y el cambio del sistema.

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