El presidente Juan Manuel Santos, acabar con los pocos mecanismos que se ha valido miles de colombianos para sobrevivir como es la figura de la Acción de Tutela
Por Nelson Lombana Silva
Las palabras del camarada José Ramón Llanos en el panel de la izquierda organizado por el Partido Comunista Colombiano recientemente en Bogotá, se hace realidad infortunadamente. “Ahora que Juan Manuel Santos ha planteado la “unidad nacional”, los comunistas nos prevenimos, dijo, porque la historia nos demuestra que cada vez que la burguesía plantea la “unidad nacional” es para incrementar la violencia y la represión contra el pueblo”. Esa afirmación la sustenta trayendo a colación la infausta experiencia del oscuro gobierno de Mariano Ospina Pérez, el Frente Nacional e incluso, del mismo Eduardo Santos.
El encuentro “feliz y cordial” con las cortes que hace el señor Santos va encaminado a impulsar solapadamente, mejor, “decentemente” una reforma a la justicia, que incluye entre otros aspectos acabar con los pocos mecanismos que se ha valido miles de colombianos para sobrevivir como es la figura de la Acción de Tutela, por ejemplo. Se constituye en un «mazazo» a los pocos visos democráticos de la constitución de 1991. Claro, para eso es la “unidad nacional”.
También hay otro aspecto supremamente preocupante y peligroso que el pueblo debe analizar con hondo espíritu filantrópico, pero sobre todo crítico. Se trata de la reforma judicial sin reforma del sistema carcelario. Hay que recordar que las cárceles que ordenó construir el señor Álvaro Uribe Vélez no contemplan o tienen en cuenta los estándares ordenados por la Organización de Naciones Unidas, ONU. No se hace clasificación adecuada de la población carcelaria, separando los presos políticos de los presos sociales y cuando se hace es para tomar represalias. Se desconoce de cabo a rabo la ley 65 de 1963, ley orgánica del INPEC, según señala el penalista Rafael Aguja Sanabria.
Es bien sabido que el ex presidente Uribe aplicó la doctrina de la “seguridad nacional” (Dictado de los Estados Unidos) bajo el ropaje de la mal llamada “seguridad democrática” y le agregó como insumo “El Derecho penal del enemigo”, figura jurídica que nació en la era de Adolfo Hitler y fue desarrollada por éste sin remordimiento contra sus enemigos y que consiste básicamente en quitarle todos los derechos al detenido. Eso es lo que se está aplicando hoy con el mayor rigor, agrega Aguja Sanabria.
Al amparo de este esperpento jurídico se comete toda clase de arbitrariedades contra el recluso. Resultan comunes los actos administrativos que no son consultados con el detenido. Se traslada de prisión al preso sin previo aviso. “Muchas veces en calzoncillos y sin cepillo”, dice el abogado Aguja Sanabria.
¿Qué se puede decir de la prestación de la salud? Pésima. Según el penalista, en el caso concreto de la cárcel de Ibagué, por lo menos el 50 por ciento de la población carcelaria no se encuentra carnetizada, por lo tanto, no tiene salud mínima. La EPS CAPRECOM está en quiebra y es la que supuestamente viene prestando el servicio en la penitenciaría de Picaleña de la ciudad musical de Colombia.
Y lo grave de todo es que la burguesía no tiene otro mecanismo distinto para castigar que la cárcel. Todo se arregla con cárcel. Ante un hecho horroroso la solución es aumentar los años de prisión y ante la presión alienante de los medios de comunicación, el pueblo termina repitiendo maquinalmente que el camino justo es el aumento de años para los culpables. Los aspectos: social, económico, político, ético, psicológico, cultural, etc del sujeto no son tenidos en cuenta.
El presidente Juan Manuel Santos con su “unidad nacional” y su “desencia” que tiene medio turulato incluso a algunos que se consideran de izquierda, comienza a mostrar sus dientes (garras) contra el pueblo colombiano, concretamente con el tema de la justicia. El Polo Democrático Alternativo debe pronunciarse sobre el sistema carcelario con decisión y luchar en la calle por una justicia a favor del pueblo, no en contra del pueblo como se viene “cocinando” en las alturas del poder.
Ibagué, agosto 26 de 2010
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